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El Tribunal Supremo (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo,
Sección 2ª) ha dictado la Sentencia
1505/2018 en la que se deja sentada como doctrina
jurisprudencial que el sujeto pasivo, en la modalidad de Actos
Jurídicos Documentados-AJD («escrituras notariales de préstamo con
garantía hipotecaria») del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, es el prestamista (acreedor
hipotecario) y no el prestatario [separándose de lo que había sido
hasta entones doctrina reiterada del Tribunal Supremo] y anula el
número 2 del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real
Decreto 828/1995) por ser contrario a la ley.
Resulta llamativo que la Sentencia 1462/2018 [recordemos, la
relativa a la prestación por maternidad y dictada por los mismos
Magistrados (a excepción del magistrado D. Dimitry Berberoff) que
han pronunciado la Sentencia 1505/2018] haya sido acogida, sin
crítica alguna, más bien con beneplácito, por políticos y
contribuyentes «al constituir una muestra de conocimientos técnicos
y sensibilidad social»; tal vez la explicación esté en que la
devolución de cuotas tendrá que hacerla el Estado. Los magistrados
que han dictado tanto una como otra Sentencia, son juristas de
acreditado prestigio y profesionalidad. En particular, tales
calificativos podrán sin duda confirmarlos quienes tuvieron la
ocasión de asistir a las conferencias dictadas en el curso de las
Sesiones Plenarias de la Semana de Estudios de Derecho Financiero
(años 2010 y 2011) por los cualificados tributaristas, Magistrados
D. Jesús Cudero Blas («EL TIEMPO EN LAS ACTUACIONES INSPECTORAS») y
D. Francisco José Navarro Sanchís («LA CULPABILIDAD COMO ELEMENTO
ESENCIAL DEL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS»),
cuyas consideraciones y conclusiones conservan plena validez como
puede comprobarse con los textos que traemos otra vez al primer
plano:
Desde 2008, y hasta época relativamente reciente, D Francisco José
Navarro Sanchis (Académico Correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación) publicó semanalmente en el diario de
información económica «El Economista» comentarios en materia
tributaria caracterizados por una esplendida redacción -de las que
se dan pocas en la Prensa- lo que permitía que cuestiones técnicas
complejas se trasladaran con claridad al lector cualquiera que fuera
su formación intelectual.
Ciertamente, la Sentencia 1505/2018 (y por supuesto las otras dos de
la Sección 2.ª de la Sala Tercera dictada en el mismo sentido) como
otras muchas han variado el sentido de reiterada jurisprudencia,
pero siempre las revisiones han quedado ahí y firmes los criterios
jurisprudenciales innovadores. La Sentencia 1505/2018 ha supuesto
desde luego como si enormes bloques de hormigón se hubieran lanzado
en el «estanque dorado» por el que los acreedores hipotecarios
navegaban al amparo de un marco jurídico seguro, estable durante
décadas; las personas prestatarias, lo tenían asumido, porque así
resultaba del Derecho aplicable y lo pactado; por su parte,
determinadas Comunidades Autónomas han quedado en evidencia ante la
ciudadanía que ha podido comprobar una realidad: a ciertas
Comunidades Autónomas nos les parecía «indebida» la exacción
tributaria de referencia, por lo que decidieron incrementar los
tipos mínimos previstos por el Estado en el 50 por 100. Muy dudoso
es que la aprobación del Real Decreto-ley 17 /2018 devuelva la calma
al «estanque dorado», tanto por razones de forma como de contenido
del mismo, antes, por el contrario, dará lugar a otras
problemáticas.
De toda la «batalla» a que ha dado, y dará, lugar, el comentado
fallo judicial, nos quedamos con una conclusión: hay figuras
tributarias que corresponden con épocas en que los hechos imponibles
eran de difícil determinación, había que cogerlos por los «pelos»,
dada la escasa dimensión de la vida económico-financiera; en los
tiempos presentes, la ciudadanía no solo quiere saber del por qué y
para que de las cargas tributarias, también se interesa en que se
diseñen unos conceptos tributarios razonables y unos hechos
imponibles nítidamente definidos, que verdaderamente supongan
manifestación de la capacidad tributaria. Poco a poco, en Estados
cercanos se han ido desechando figuras un tanto arcaicas como la
modalidad de AJD, tanto en su vertiente «obstaculizadora» del
trafico mercantil como del jurídico, que hunde su origen en una
figura impositiva de los primeros años del siglo «XX», el Impuesto
del Timbre del Estado, como así se reconocía en la Exposición de
Motivos de la Ley 41/1964, de Reforma del Sistema Tributario: «Se
integran en este impuesto [ITP-AJD] la mayor parte de los conceptos
tradicionales que gravaban las transmisiones «inter vivos»
contenidos en el Impuesto de Derechos Reales, junto con los que se
superponían con él por aplicación del Impuesto de Timbre del Estado
y de los de Emisión y complementario de emisión de valores
mobiliarios». Y añadía el Legislador de 1964: «Por último, incorpora
la Ley a este impuesto el gravamen de determinados actos jurídicos
que por razón de su solemnidad o de su reflejo en la vida
patrimonial no deben quedar al margen de la tributación, y que, por
el contrario, pueden completar el área de este impuesto. En su
determinación la Ley sigue el criterio de limitación en el número,
cuidando de mantener tan sólo aquellos de carácter más
significativo».
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